Dos reos reconstruyeron dos computadoras personales dentro de una prisión aprovechándose de los programas de reinserción social del recinto. Vulneraron la seguridad de los registros de la cárcel, solicitaron cuentas bancarias, tarjetas de crédito y abrieron carteras de bitcoins. Aunque el hecho se descubrió en 2015, fue este año cuando la Inspectoría General publicó una investigación detallada, alegando falta de experticia y omisión por parte de los responsables directos del caso.
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