Aceras a ninguna parte. Es lo que muchos españoles piensan cuando se les habla de infraestructuras construidas como respuesta a una crisis económica, porque eso fue lo que ocurrió cuando, en consecuencia del crash financiero de 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respondió con un río de dinero público a los Ayuntamientos que, en palabras de Pere Macías, presidente de la Fundació Cercle d’Infraestructures, «se invirtió con mayor o menor fortuna, pero sin idea del día de mañana». Ahora que, rompiendo con todos los tabúes, la Unión Europea ha dado su visto bueno a una gigantesca inyección de capital (750.000 millones de euros adicionales) con el doble objetivo de sacar a la economía del continente del paro cardíaco causado por la pandemia de covid-19 y, a la vez, llevarla en la dirección de la digitalización y la sostenibilidad que exigen los tiempos, la industria española de las infraestructuras quiere dejar claro que sus planes no solo saben muy bien a donde van, sino que pueden ponerlo en marcha en cuanto haya la voluntad (y el consenso) político adecuado. Es para explicar el potencial que tiene el sector para la modernización de la economía que se celebró esta semana en Madrid el evento Construyendo un futuro sostenible, organizado por los medios de Prisa Noticias (EL PAÍS, Cinco Días y la cadena SER) y que, en esta edición, cuenta con el patrocinio de Seopan, Tecniberia y Deloitte.

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