España cambio el mes pasado la ley que regula el sector de los estibadores. Ha liberalizado el sector, tal y como pedía la Unión Europea, y las empresas ya no están obligadas a pertenecer a unas sociedades especiales y a contratar ahí sus estibadores, lo que generaba barreras de entradas que vulneraban la normativa de competencia y creaban un monopolio. Sin embargo, la sentencia europea que exigía la reforma era del 11 de diciembre de 2014. Y hasta que se cumplió, en mayo, España fue acumulando una multa de 27.522 euros al día. ¿Deberá España desembolsar esa sanción, que se eleva en total a cerca de 24 millones? ¿La reforma es suficientemente ambiciosa como para desactivar definitivamente las sanciones? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia al respecto el próximo 13 de julio. 

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