Seguramente la vía que se ha utilizado en la resolución del Banco Popular es la mejor que se podía adoptar de forma urgente ante una fuga de depósitos, ya que la alternativa de la liquidación hubiera tenido un impacto muy negativo, pudiendo afectar incluso a los depositantes, creando además un riesgo sistémico. Todo parece indicar que se han seguido a rajatabla las reglas vigentes de la unión bancaria, que establecen que son los acreedores del banco, y no el contribuyente, el que asume las pérdidas. Pero dicho esto, conforme pasan los días desde la decisión de resolver y adjudicar el Popular, hay dudas que es necesario despejar cuanto antes para garantizar la transparencia de la operación y la confianza y reputación de las instituciones que han intervenido en la labor de salvamento.

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