El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que venía a dar la razón a la Comisión Europea, que considera ilegal el régimen fiscal español de 2002 que concedía beneficios fiscales a las corporaciones españolas por adquirir participaciones en sociedades extranjeras de al menos el 5%.
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