La plataforma Airbnb gestiona en su web más de tres millones de alojamientos en 191 países. Sin embargo, en su plantilla lo que abunda no son los agentes inmobiliarios. Uno de los departamentos más grandes de la mayor plataforma de alquiler turístico del mundo es la división legal, que se dedica a defender a la compañía de las normas de cada país, región y ciudad. Porque mientras que en un municipio cualquiera puede alquilar una casa, en el de al lado el propietario se enfrenta a una cuantiosa multa. España no es una excepción en este embrollo. Y el Gobierno no piensa poner orden.
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