España tiene abiertas 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Todas ellas por los recortes de las primas a las energías renovables aplicados desde 2010. Unas ayudas que estuvieron vigentes de 2006 a 2012 y que provocaron que muchos inversores dedicaran parte de su dinero especialmente en proyectos solares y termosolares, debido a la rentabilidad que se garantizaba con las primas del Gobierno.
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