Un grupo de pequeños municipios han ganado una larga batalla judicial contra las grandes compañías energéticas. Todos tienen una cosa en común: en los terrenos que rodean su perímetro urbano pasan líneas eléctricas o canalizaciones de gas por las que las propietarias nunca han tenido que pagar un céntimo. Pero estos Ayuntamientos decidieron retarles defendiendo una ordenanza municipal que creaba un nuevo impuesto para cobrarles por el uso de su suelo. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado en 16 sentencias distintas a favor de 14 pueblos y da luz verde a un tributo que, si lo aplican más municipios, podría llegar a costar a las empresas del sector hasta 50 millones de euros.

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