En Europa hay dos cosas que funcionan: la Corte Europea de Justicia, en Luxemburgo, y el Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort. Los jueces de Luxemburgo han obligado a los bancos españoles, por ejemplo, a indemnizar a los afectados por las cláusulas abusivas. Y los mandarines del BCE han salvado al euro en varias ocasiones; la más legendaria quizá sea aquel «haré lo que sea necesario» de Mario Draghi en lo peor de la crisis, o la operación política que permitió al BCE anunciar las compras de activos a la americana a pesar de las reticencias de Alemania. El tribunal no tiene más problemas que el activismo de Theresa May para que Reino Unido quede fuera de su jurisdicción tras el Brexit. El BCE, en cambio, lleva meses siendo objeto de críticas por todos lados. En Alemania se le ha criticado su activismo: el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha llegado a culparle del ascenso de la extrema derecha. Más allá de esos ataques —procedentes del país que más se ha beneficiado del euro, paradójicamente—, Transparencia Internacional ha puesto hoy el dedo en la llaga: critica con dureza el déficit democrático del Eurobanco. Cree que puede haberse excedido en su mandato y que eso casa mal con su proverbial falta de transparencia. Y arremete contra el «escaso escrutinio público» de una institución fundamental para la gestión de la zona euro, según ha denunciado hoy en Bruselas.

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