El Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley hipotecaria, una transposición de una directiva europea que acumulaba ya tres años de retraso y sobre la que existía la amenaza de una multa de Bruselas por valor de 105.000 euros al día. Se trata de la última gran ley de la legislatura, y su aprobación —que se produce junto a otras cuatro leyes en el penúltimo pleno— constituye la prueba de que se pueden alcanzar consensos entre los partidos justo después de que el Pacto de Toledo fracasara ante la proximidad de las elecciones. “Menos mal que lo dejamos acordado en diciembre”, suspira Gonzalo Palacín, diputado del PSOE. Entonces se cerró con el apoyo de todos los grupos salvo Podemos, ERC y Bildu.
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